Después de saborear pausadamente toda clase de aperitivos durante seis meses en La Habana, el Gobierno colombiano y las Farc firmaron un documento llamado “Acuerdo general para la terminación del conflicto” y pasarán en este mes de octubre a la mesa que estará servida en Oslo, para discutir los cinco puntos que contiene el Acuerdo. Por Guillermo Núñez Vergara, Expresidente Asociación Bancaria.
Con sorpresa se enteró el país, el pasado mes de agosto, de que el Gobierno estaba en conversaciones con las Farc desde el mes de febrero en La Habana y que para poner fin al conflicto, habían firmado un acuerdo que contiene cinco puntos, a saber: 1) El desarrollo rural; 2) La participación en política; 3) El narcotráfico; 4) El derecho de las víctimas; 5) El fin del conflicto armado.
Se trata de una agenda cerrada, con puntos concretos y sobre la cual el Gobierno ha dicho que si no hay avances en un término razonable de tiempo, el proceso finalizará y este será guiado por el principio rector de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, es decir, todo o nada.
Mientras el Gobierno adelantaba esta etapa de exploración con la guerrilla en La Habana, ya había presentado en el Congreso de la República una serie de iniciativas que fueron aprobadas. La más importante y la que presidirá las conversaciones, como una especie de centro de mesa, es la norma jurídica de justicia transicional, llamada “Marco para la paz”.
Los hechos que se han producido y que comentaremos más adelante, me llevan a pensar que el Gobierno y la Farc esta vez sí se pondrán de acuerdo para poner fin a la confrontación armada.
Mencionemos entonces las razones y los hechos que me permiten pronosticar la firma del acuerdo.
1. El marco legal para la paz. Para las Farc la espina dorsal del arreglo es la posibilidad de que puedan reincorporarse a la vida civil, participar en la política y la vida pública del país y que se les aplique una justicia especial, que como dice el doctor Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación, terminará siendo una amnistía condicional, torciéndole de esta manera el pescuezo a la prohibición de conceder indultos y amnistías.
La impunidad será de tal magnitud que hasta organizaciones de izquierda como Human Rights Watch expresaron su desacuerdo con que delitos de extrema gravedad quedaran sin castigo.
Todo este tratamiento jurídico parte del reconocimiento de un conflicto armado en Colombia y en donde las Farc dejan de ser un grupo terrorista para dárseles el estatus de fuerza armada beligerante, tal como quedó en el Marco para la paz.
Ahora vendrá la ley estatutaria que reglamentará ese Marco, para que el traje quede hecho a la medida de las Farc y su aprobación seguramente se tramitará con rapidez para no dilatar las conversaciones.
2. El enorme retroceso de las Farc. El Gobierno de Álvaro Uribe dejó completamente diezmada a esta organización guerrillera y ya no tiene ni la sombra del poderío que mostraba cuando se inició la administración Uribe en el año 2002. Es cierto que durante el tiempo que lleva el actual Gobierno se han recuperado, lo cual fácilmente se aprecia con el aumento de los atentados terroristas y el incremento de la inseguridad. Pero las Farc tienen que ser conscientes de que ya no es posible tomarse el poder por medio de las armas y además saben que una oportunidad de negociación como esta no se les va a volver a presentar.
Si proceden con realismo, frialdad e inteligencia tienen que llegar a concluir que la mejor alternativa es terminar el conflicto por medio del diálogo.
3. Incapacidad del Gobierno para atajar la violencia. No cabe la menor duda, así se empecine el Gobierno en negarlo, que la inseguridad se ha extendido e intensificado a lo largo y ancho del país. Una simple muestra de ello es la amenaza a que están siendo sometidos más del 10% de los concejales del país, tal como se le denunció al Presidente en el Congreso de Concejales celebrado en Bucaramanga en el pasado mes de julio, amenazas que provienen en buena parte de las Farc. El Presidente Santos no puso en tela de juicio ni las cifras ni las aseveraciones sino que se comprometió a brindarles una protección especial, según la información del diario El Tiempo del día 28 de julio.
Otra muestra de la inseguridad la presentó la revista Semana en su edición del día 13 de agosto, con un artículo titulado “Paraísos quebrados” y que se refiere a la situación de los parques naturales, cada vez menos visitados, porque según palabras de la propia directora de Parques, señora Julia Miranda, “cada noticia sobre un atentado, así sea lejísimos de los parques, significa docenas de cancelaciones”.
El aumento de los ataques guerrilleros también los registra la infraestructura, pero especialmente la petrolera, cuya producción se ha reducido en el presente año por causa de dichos ataques.
El Gobierno no está en condiciones de reversar esta situación y más bien lo que se observa es un deterioro cada vez mayor del orden público.
Por eso creo que al Gobierno también le resulta conveniente el acuerdo.
4. Equipo negociador. El Gobierno escogió con acierto los prestantes miembros que conforman ese grupo y que representan a cabalidad el poder político, económico y militar.
El jefe del equipo, el doctor Humberto de la Calle, es un hombre con una brillante trayectoria en el sector público, de una gran experiencia, habilidad y capacidad, de manera que la representación política está en las mejores manos y tiene el apoyo de todo el bloque de los partidos y grupos que acompañan al Gobierno en el Congreso.
El poder económico estará representado por el doctor Luis Carlos Villegas, Presidente de la Andi, y cuando lo nombraron, también Presidente del Consejo Gremial. Es un dirigente de amplia trayectoria y experiencia.
El poder militar y toda la fuerza pública estarán representados por los prestigiosos oficiales, ya retirados del servicio activo, el General del Ejército Jorge Mora y el General de la Policía Óscar Naranjo, nombramientos aceptados por la cúpula militar sin queja alguna. Antes sería impensable e inaceptable para las Fuerzas Armadas tener que sentarse al frente de los guerrilleros, pero este cambio de actitud le permite a uno darse cuenta de la tremenda situación que enfrentan los militares y que ahora están colocados en el peor de los mundos, porque si logran salvar su vida en el combate, en no pocas ocasiones deberán comparecer ante la justicia, en donde se encuentran muchas veces con unos jueces que no fallan en derecho, sino motivados por una clara actuación política de izquierda. Cómo es posible entender que forajidos del M-19, actuando como sicarios del narcotráfico, se tomaran el Palacio de Justicia y llegaran hasta el asesinato de ilustres magistrados, quedando luego absueltos de semejante crimen y en cambio los valerosos militares que en cumplimiento de su deber, debieron enfrentar esta demencia criminal, resulten enjuiciados y condenados a prisión por muchísimos años. Y ahora también se ha resuelto condenar a muchos militares, sin pruebas creíbles y serias, acusándolos de estar aliados con paramilitares y hasta se ha llegado a la tesis de que hacen parte de una organización criminal.
Se intentó restablecer el fuero militar, pero este Gobierno hizo retirar el proyecto que ya había sido aprobado en varios debates en el Congreso, posiblemente en razón de las conversaciones que estaban en marcha en La Habana y para reemplazar dicho proyecto se ha presentado ahora una iniciativa que reduce al mínimo la competencia de la justicia militar.
Frente a semejantes circunstancias no es de extrañarse que el uniforme de fatiga de los militares se haya ido transformando en una fatiga de ánimo y fatiga de lucha. No es descartable que la parte más dura de estas negociaciones recaiga en la persona del general Mora, por la situación de indefensión y de virulenta persecución judicial a la que están sometidos los militares.
5. El apoyo de Cuba y Venezuela. La dictadura del gobierno de los Castro en Cuba que se tomaron el poder por las armas hace más de cincuenta años y la dictadura de Chávez en Venezuela que llegó al poder por la vía democrática hace más de doce años, jugarán un trascendental papel para el (feliz) término de las conversaciones.
A estos dos gobiernos les interesa y les conviene que se logre el Acuerdo, porque tienen muy claro que la manera de implantar regímenes socialistas en América Latina no es ya por medio de las armas, sino valiéndose de estos sistemas democráticos, como ya lo han logrado grupos guerrilleros desmovilizados en varios países de Centro América.
Cuba, que será país garante, le da total confianza a la guerrilla y Venezuela como país acompañante les prestará muy buena colaboración a los jefes de las Farc, viejos y buenos amigos del coronel Chávez.
Estos dos países no dejarán que la guerrilla se vaya a enredar en las negociaciones e impulsarán también al Gobierno para que así sea y les inculcarán a las Farc la idea de que al poder ahora no se llega por las armas sino por las urnas y que esta es una posibilidad perfectamente factible en Colombia.
En síntesis, esta oportunidad no la dejarán pasar ni el Gobierno ni las Farc; lo que siga de ese momento en adelante no es problema de ahora, porque a los colombianos nos gusta el refrán que dice “cada día trae su afán”.