Seguramente no pocos colombianos vemos con sorpresa el peligroso e inconveniente sesgo que ha tomado el manejo de la política social por parte del Gobierno.
A mitad de camino del primer mandato del Presidente Santos –aún es prematuro saber si se le facilitará una segunda oportunidad– y ante la imposibilidad de mostrar resultados palpables en materia de disminución del desempleo e informalidad, se resolvió ofrecer una piñata de regalos.
Vivienda gratis. Con gran entusiasmo el Presidente Santos le anunció al país el pasado 23 de abril que su administración entregaría las primeras cien mil viviendas gratis dentro de un año y que serían para los hogares que se encuentran en extrema pobreza, alrededor de 1.200.000. El señor Ministro de la Vivienda anunció que el programa será permanente, porque en la fila tendrán que esperar más de un millón de familias y seguramente también desplazados y personas golpeadas por los rigores de la naturaleza y las tragedias impredecibles.
Acostumbrar a la gente a recibir cosas regaladas, sin ningún tipo de contraprestación, crea en los millones de posibles beneficiarios una mentalidad de limosneros. Ya hay personas que se han beneficiado de casas subsidiadas y ahora quieren devolverlas para que les entreguen una regalada.
Este programa lo copió el Gobierno del que existe en el Brasil, pero fue una mala copia, porque allá las familias beneficiadas deben cumplir con una contraprestación mínima, dedicando el 10% de sus ingresos para ese propósito y además sirve para seleccionar a quienes más interés tienen de participar en el programa. Aquí terminaremos también entregando gratis los servicios públicos, exonerándolos del impuesto predial y asumiendo el Gobierno (mejor, todos los contribuyentes) los costos de la administración y mantenimiento de esos futuros apartamentos y conjuntos habitacionales.
Este tipo de programas populistas se han ido imponiendo cada vez con mayor fuerza. Para no ir más lejos, aquí en Bogotá la exalcaldesa Clara López resolvió regalarle a la gente del estrato uno 6 m3 de agua al mes y el señor Petro ya extendió el beneficio para el estrato dos. Además, hay que sumarle el valor de los subsidios que también reciben por la parte del consumo que supera los 6 m3. Pronto, vamos a estrenar los subsidios para los usuarios del Transmilenio.
El Congreso, ni más faltaba, tampoco se puede quedar atrás. Durante el pasado mes de junio aprobó una ley, por medio de la cual los créditos educativos otorgados por el Icetex a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 no tendrán intereses y ya se propuso la pensión de jubilación familiar para que se puedan acumular los años de las cotizaciones individuales. En una noticia publicada por el diario El Tiempo el pasado 25 de junio se informaba que, el costo de las leyes de origen parlamentario en el último año de la legislatura, superaban los 4 billones de pesos y a pesar de semejante cifra, el Ministerio de Hacienda parece no velar por el gasto público porque no musita palabra alguna.
Volviendo a los programas del Gobierno Nacional, focalizados en la pobreza y la extrema pobreza, los principales son Familias en Acción y Red Unidos.
Familias en Acción. Tiene más de diez años y es el programa de mayor alcance y cobertura, con una atención para 2.100.000 hogares pobres, con un promedio de cuatro personas y cuyos ingresos en conjunto no sobrepasan los $778.000 mensuales. Estos hogares reciben un ingreso condicionado a un conjunto de requisitos, como por ejemplo enviar los niños a la escuela y participar en programas de nutrición y salud. En Colombia hay actualmente algo más de 15 millones de pobres (la tendencia ha sido decreciente y en el último año se redujo de 37.2% al 34.1% de la población) y de estos, Familias en Acción atiende más de 8 millones y espera llegar a cerca de 10 millones dentro de dos años.
Red Unidos. Despliega su acción con familias en pobreza extrema, es decir, que con un promedio de cuatro integrantes, los ingresos totales no superan los $350.000 mensuales. El programa coordina unas 24 entidades del Estado y conforma alianzas con el sector privado. Está enfocado a mejorar las condiciones de habitabilidad y facilitarles a las personas en edad de trabajar un nivel de capacitación que les permita una ocupación remunerada y aspira a que puedan salir de esta situación de pobreza extrema unas 350.000 familias de las más de un millón que actualmente hay en el país (alrededor de 4.7 millones de personas, es decir, el 10.6% de la población).
Es prematuro saber los resultados del programa porque apenas lleva un año largo. Sin embargo, el Observatorio de pobreza y desigualdad, a cargo de Fedesarrollo, señala, en su informe publicado en este año, que hasta el momento se registra una baja gestión y donde es más acentuada es en la zona del litoral Pacífico y la costa Atlántica, donde precisamente se asienta 70% de la pobreza del país. Ojalá que los buenos resultados puedan verse en un futuro.
El desempleo y la informalidad. A pesar de las buenas cifras que presentó el Dane en cuanto a la disminución de la pobreza, Colombia sigue encabezando la lista de los países de América Latina que registran la mayor tasa de desempleo y desigualdad.
Junto con la bandera de la seguridad, la lucha contra el desempleo fue el principal compromiso del Presidente Santos en su campaña. Al comenzar el mandato, el Congreso de la República le aprobó la ley del Primer Empleo y Promoción de la formalidad, iniciativa con la cual esperaba generar 2.5 millones de puestos de trabajo en el sector formal de la economía. El aspecto central de la ley lo constituyen los incentivos tributarios para motivar a las pequeñas empresas y unidades productivas a afiliar a sus trabajadores a la seguridad social. Los buenos propósitos se quedaron en el papel, porque el resultado tangible es registrar que de las 239.400 empresas que se inscribieron en el programa para recibir los beneficios de la ley, solo 7.900 empresas, es decir, el 3% del total, están haciendo pagos a la seguridad social para sus trabajadores, de acuerdo con la información suministrada por la Unidad de Parafiscales y de Gestión Pensional del Ministerio de Hacienda.
El país sigue con una tasa de desempleo de dos dígitos (alrededor de 11%) similar a la que había hace dos años y de otro lado la mayor parte de la fuerza de trabajo se encuentra en el sector informal. Estos trabajadores no tienen un empleo estable y reciben en promedio un ingreso que es menos de la mitad de lo que devenga un trabajador vinculado al sector formal de la economía. En un estudio que divulgó el Banco de la República este año, se indica que alrededor de 60% de los trabajadores son informales, utilizando una medición distinta de la del Dane.
En la raíz de esta compleja y angustiosa problemática, el factor que más pesa es la falta de educación y capacitación que impide vincular a esa gran masa de trabajadores informales a los sectores modernos de la economía y sacarlos de sus ocupaciones de muy escasa productividad.
Competitividad. El Anuario de competitividad mundial que publica la Escuela de Negocios de Suiza, señala que en el año 2011, infortunadamente Colombia pasó del puesto 46 al 52 dentro de un total de 59 países estudiados y en educación ocupamos el último lugar. Esto nos sucedió a pesar del avance en el desempeño de la economía, porque pesó mucho más en la medición la ineficiencia del Gobierno y el retraso en la infraestructura.
Uno de los principales distintivos del actual Gobierno es la muy pobre gestión en prácticamente todos los frentes y esto posiblemente explique la decisión en el campo social de echar mano al programa populista de la vivienda gratis.
El editorial de El Tiempo de agosto 7 de 2011, cuando se cumplió el primer año del Gobierno de Santos, señalaba en uno de sus apartes lo siguiente: “Santos y sus colaboradores tienen que demostrar que una vez pasada la etapa del diagnóstico y de las leyes importantes, viene la de cumplir con las altísimas expectativas que ha generado en el país”. Se va a cumplir un año más y el Gobierno continúa en las mismas, es decir, con los motores prendidos pero sin arrancar.