La degradación del poder judicial, el descrédito de los partidos políticos y del Congreso son manifestaciones palpables de unas instituciones enfermas. Por Guillermo Núñez Vergara, Expresidente Asociación Bancaria.
En el año de 1991 el país se embarcó en la Asamblea Constituyente, en virtud de una supuesta mayoría que se manifestó a favor de su convocatoria con la famosa séptima papeleta y la cual no fue escrutada, según constancia de la Registraduría.
De todas maneras, se vendió la idea de la necesidad de reformar y modernizar nuestro sistema democrático, para hacerlo más robusto y operante y con un mayor respaldo popular.
Los hechos y el transcurrir de dos décadas nos han demostrado que la realidad es muy distinta a lo que se pretendió lograr con la nueva Constitución.
Los partidos políticos. Desde la independencia, la marcha de la República estuvo marcada por la existencia de los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal, encargados, cada uno de ellos, de gobernar el país en distintas épocas. Con el paso de los años su credibilidad y prestigio se fueron resquebrajando, tendencia que se acentuó en la época del Frente Nacional con una serie de iniciativas como la de la paridad política aplicada en toda la administración pública, repartiéndose por mitades las nóminas oficiales entre los dos partidos y de paso produciendo un crecimiento desbordado de la burocracia.
La Asamblea Constituyente del noventa y uno creyó resolver el descrédito de los partidos políticos, incorporando en el nuevo texto de la Carta un capítulo dedicado a los partidos y movimientos políticos, pensando que con la simple normatividad se lograría tener partidos organizados y estables y a la vez permitir también un mayor juego a los grupos minoritarios para que pudieran estar presentes en las elecciones y llevar sus candidatos a las corporaciones públicas. Con estas disposiciones nos colocábamos entonces a la altura del moderno constitucionalismo.
Aquí nuevamente nos estrellamos con la muralla de las realidades que no se derrumba simplemente con unas normas plasmadas en unos textos, como han pensado y siguen pensando muchos de nuestros legisladores, políticos y gobernantes. Desafortunadamente, lo que hoy tenemos son unos partidos políticos mucho más erosionados y desprestigiados, tal como lo registra de manera clara la encuesta de la prestigiosa firma Gallup que en la medición, realizada en diciembre de 2011, marcó 66% de opinión desfavorable de los colombianos, situándose los partidos políticos en el último lugar de la encuesta, entre las quince instituciones escogidas.
El sistema judicial. Numerosas son las críticas que prestigiosos juristas han hecho al funcionamiento de la administración de justicia, pero para darnos cuenta de los abismos a los que se ha llegado, basta con leer la conferencia sobre la crisis de la justicia, que dictó el respetable exmagistrado y constitucionalista, Jesús Vallejo Mejía, en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros el primer trimestre del año. El doctor Vallejo resume sus apreciaciones diciéndonos que lo que hoy tenemos es “la justicia ideologizada, la justicia politizada, la justicia sin controles y entre signos de interrogación, la justicia corrompida” y añade “la suplantación de la normatividad jurídica por la ideología facilita la politización de la administración de justicia”… ”la muestra más contundente de la politización de la justicia la acaba de dar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá contra el Coronel Plazas Vega, medida a la que el calificativo más suave que puede endilgársele es el de pavorosa”.
Tiene toda la razón el doctor Vallejo, porque los magistrados de ese Tribunal, no contentos con condenar al Coronel Plazas a treinta años de prisión por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia cuando fue asaltado y tomado por el M-19, resolvieron también afirmar que el expresidente Belisario Betancur debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional y que el Ejército de Colombia pidiera perdón en la Plaza de Bolívar.
Ante semejante esperpento, el Presidente Santos no tuvo más remedio que pronunciarse en un acto público en Cali, en los siguientes términos: “Yo por eso más bien le pido perdón al Presidente Betancur a nombre de los colombianos que lo hayan puesto en esta situación nuevamente”. Y luego, refiriéndose al Ejército de Colombia dijo: “En lugar de ponerlo en la picota pública a que pida perdón, más bien nosotros pedimos perdón por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire”.
Acertadas las palabras del señor Presidente, pero se le pasó haberle pedido también perdón a la comunidad internacional por la lamentable degradación a la que ha llegado el poder judicial en Colombia. Por eso, en la encuesta ya mencionada, la opinión desfavorable de los colombianos coloca al sistema judicial en el penúltimo lugar y eso sin tener en cuenta los vergonzosos episodios que conoció el país en los meses de enero y febrero de este año, como la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, el escandaloso carrusel de las pensiones, las cuantiosas sumas del erario público gastadas en viajes al exterior por integrantes de las “altas” Cortes.
Por ahora, no nos hagamos mayores ilusiones porque con la reforma a la justicia que actualmente cursa en el Congreso de la República no iremos más allá de una pintura y un maquillaje a la fachada, pero en el andamiaje de la justicia seguirá enquistada la ineficiencia, su falta de respetabilidad, los privilegios y los vicios que la caracterizan y distinguen. Es decir, lo que hoy tenemos es mil veces peor a lo que veíamos antes de 1991.
El Congreso de la República. Después de los dos últimos puestos ocupados por los partidos políticos y el sistema judicial, aparece en el tercer peor puesto el Congreso de la República, con una opinión desfavorable del 47%, resultado con el cual debe darse por bien servido, porque los colombianos no sienten que sus intereses generales y los de la Nación estén allí bien representados.
Las prácticas clientelistas, la utilización de recursos presupuestales para fines electorales, los privilegios y las gabelas incrustadas en el Congreso fueron razones que motivaron para la convocatoria de la Constituyente, buscando tener un parlamento renovado y con una mejor sintonía con los intereses y las esperanzas de los colombianos.
No acababa de salir del horno la nueva Constitución, cuando en el año de 1992 se estableció para los parlamentarios un régimen especial de pensiones que también se lo aplican los magistrados y que cada vez se va ampliando el círculo de beneficiarios, tal como lo vio el país hace poco con el carrusel de las pensiones para permitirles a amigos y favorecidos políticos de los magistrados disfrutar de ese régimen pensional privilegiado, en donde se jubilan con el valor del último sueldo y no con el promedio de los últimos diez años y en donde el tope de los veinticinco salarios mínimos mensuales no existe. La pensión puede valer cincuenta o más veces el salario mínimo mensual, mientras el 58% de los jubilados colombianos apenas reciben una pensión que no llega a dos salarios mínimos mensuales. De manera que el principio de la equidad y la justicia que invocan en las leyes y las sentencias quienes las dictan no tiene aplicación cuando se trata de ellos mismos.
Las partidas presupuestales que manejan los parlamentarios son cada vez mayores. Ahora estamos presenciando la distribución de las regalías que para este año suman $8,4 billones de los cuales $3,7 billones se destinaron para 314 proyectos regionales y locales, asignados por medio de un decreto del gobierno, obviamente concertado con los políticos, pero donde no todos los congresistas, gobernadores y alcaldes quedaron contentos. De ahora en adelante, las distribuciones se harán por medio de una ley, es decir, con una injerencia más directa de los parlamentarios sobre esos enormes recursos que el hábil y competente Ministro de Hacienda ha denominado “la mermelada que se unta sobre toda la tostada”. Pero aquí lo importante es saber quiénes son los que van a embadurnar la mermelada y podemos estar seguros de que las fuerzas políticas que integran la maquinaria de la Unidad Nacional seguirán bien lubricadas, porque el gobierno del Presidente Santos ha mostrado su destreza y acertado manejo político sin el cual no sería posible contar con las mayorías en el Congreso.
Así funciona nuestra democracia y así continuaremos hasta que algún día los colombianos tomemos una mayor conciencia sobre la existencia de esas llagas purulentas que tiene el organismo democrático y entonces estemos en la posibilidad de mejorar el nivel y la calidad de nuestras instituciones democráticas.
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