El matrimonio del Gobierno con el Congreso ha funcionado bien, pero con el país no tanto. Por Guillermo Núñez Vergara, ex presidente de la Asociación Bancaria.
Al cumplirse el primer año de mandato del actual Gobierno, no cabe duda de que la agenda legislativa muestra resultados muy favorables y ello demuestra que la coalición de la Unidad Nacional que conformó el Presidente Santos al inicio de su gestión con los principales partidos y movimientos políticos ha funcionado como una maquinaria de reloj suizo.
El Gobierno logró que las principales e importantes iniciativas que preparó y presentó al Congreso desde agosto del año pasado fueran tramitadas y aprobadas. Es cierto que muchas de las propuestas quedaron sin el alcance que inicialmente quiso dársele por los recortes y modificaciones que sufrieron, pero de todas maneras los logros alcanzados representan un avance y un éxito indiscutible.
La marcha del Congreso
En materia económica, habría que destacar el acto legislativo que reformó el régimen de regalías, con el fin de lograr que esos cuantiosos recursos, superiores a los 10 billones de pesos en cada uno de los próximos años, se distribuyan de manera más equitativa y equilibrada entre las distintas regiones del país.
La norma sobre la sostenibilidad fiscal intenta lograr una mejor disciplina en el manejo de las finanzas públicas y evitar esos perturbadores desequilibrios entre ingresos y gastos. Aunque el Gobierno no logró que este principio de la sostenibilidad fiscal quedara consagrado como un derecho constitucional, por lo menos quedó enunciado como un criterio que debe servir de guía para que los compromisos fiscales no generen traumáticos desbalances.
También, con el propósito de procurar unos presupuestos más ordenados, se aprobó la Ley de la regla fiscal, encaminada a reducir paulatinamente el déficit de las finanzas públicas para llevarlo al 2.3% del PIB en el año 2014 y situarlo en 1% en el año 2022, creando al mismo tiempo un Fondo de Ahorro cuando se genere un superávit primario, es decir, antes de descontar el valor del servicio de la deuda. Claro que aquí se dejó un boquete abierto al indicar que las metas deben cumplirse siempre y cuando no se presenten “casos de crisis”.
De todas maneras, la norma de las regalías mejora ostensiblemente la distribución y manejo de esos billonarios recursos y las otras normas son un valioso aporte para un manejo más disciplinado de las finanzas del Estado.
También significan logros positivos la ley del Plan de Desarrollo que marca y orienta un rumbo para las acciones e inversiones fundamentales de los próximos años aunque, como siempre sucede en el Congreso, termina convertido en un arbolito de navidad cargado de regalos; la ley orgánica de Ordenamiento Territorial; el restablecimiento de los Ministerios de Justicia, Trabajo y Medio Ambiente; el estatuto anticorrupción y la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión.
Por último y según el Gobierno, el logro más importante de todos fue la aprobación de la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras, cuyo alcance y desarrollo, según la opinión del propio Presidente Santos, sería suficiente para justificar su mandato.
Esta ley recoge un insistente reclamo del Partido Liberal y ha sido bien recibida por la comunidad internacional, cuyo respaldo se hizo tangible con la asistencia del Secretario General de la ONU, señor Ban Ki-Moon, en la ceremonia de la promulgación de la ley.
La norma está inspirada en el encomiable propósito de resarcir, por lo menos en parte, los enormes perjuicios sufridos por las víctimas de la violencia en los últimos veinticinco años. La columna vertebral de la norma se encuentra en el capítulo de la restitución de tierras que busca devolver 7 millones de hectáreas usurpadas con diversas modalidades delictivas: 2 millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos; 4 millones de hectáreas abandonadas por quienes no pudieron regresar a sus tierras; aquellas que fueron arrebatadas al mismo Estado en oscuras maniobras de notarías y oficinas de registro y aquellas tierras que fueron incautadas a los narcotraficantes y que pasaron a la Dirección Nacional de Estupefacientes.
La aplicación de la ley requerirá un esfuerzo gigantesco en múltiples y diversos campos como son el de la justicia, los organismos de seguridad, la parte gerencial y financiera. En este último punto apenas se sabe que la ejecución de la ley costará varias decenas de billones de pesos, pero ni siquiera se conoce su valor aproximado, comenzando porque no se tiene ni idea de cuánto costará el esquema de seguridad que debe brindárseles a los 4 millones de víctimas y además con el aumento de la inseguridad y de las acciones terroristas que ahora se registran casi todos los días, tenemos más y más víctimas sin que podamos saber hasta dónde vamos a llegar.
Lo que no puede desconocerse es que esta ley está inspirada en el mejor propósito de aclimatar la paz, pero su aplicación traerá múltiples dificultades y un enorme costo.
Este conjunto de iniciativas que aquí hemos mencionado constituyen una memorable tarea legislativa y un exitoso trabajo del Gobierno.
La marcha del país
Infortunadamente, la situación del país es diferente. El orden público se ha deteriorado de manera palpable durante la presente administración. Es notorio el incremento de los ataques de la guerrilla, los atentados a la infraestructura, el aumento de los secuestros y la extorsión, hechos que indudablemente crean desconcierto, porque los colombianos esperaban de este gobierno una vigilancia muy celosa de la seguridad y así lo prometió Santos en su campaña.
Es apenas natural que cuando las cosas se desmejoran, el desánimo de la gente se acrecienta y más cuando al lado del problema de la inseguridad, los colombianos sienten que la situación social tampoco mejora.
Las encuestas serias y objetivas como las de Gallup y las de Fedesarrollo, en los últimos sondeos muestran un incremento del pesimismo y una pérdida de confianza.
La encuesta realizada por Gallup entre el 25 de abril y el pasado 1 de mayo indica que para 48% de las personas consultadas la economía ha empeorado, mientras ese porcentaje era de 32% en julio del 2009 y ahora 63% considera que el desempleo es más agudo y 76% de los encuestados estima que el costo de vida está peor.
La lucha contra el desempleo y la informalidad que fueron, junto con la seguridad, los pilares fundamentales de la campaña del actual Presidente, tampoco han tenido un buen resultado palpable y la ley del primer empleo que se presentó como la gran iniciativa para combatir la desocupación y ayudar a formalizar el trabajo, apenas ha tenido una mínima repercusión, que prácticamente no se siente ni se ve.
Los resultados anteriores están corroborados por la encuesta de opinión de Fedesarrollo, realizada el pasado mes de mayo y la cual muestra una notoria pérdida de confianza de los consumidores, con un índice que se situó en 10.1%, cifra que representa una caída de 12.4 puntos frente a la cifra registrada un año atrás y esta percepción se tiene no solo con respecto a la situación actual de la economía, sino también con las expectativas de los hogares vistas a un año.
Lo mismo sucede con la confianza de los industriales que por primera vez en el presente año mostró una caída abrupta en el mes de abril, descendiendo su índice de 11.3% a 4.7%.
En resumen, los hechos y las encuestas nos muestran que la situación del país en materia de orden público se ha desmejorado notoriamente y los problemas sociales de la pobreza, la informalidad, los desplazamientos y el costo de vida se han acentuado, influidos indudablemente también por la aguda ola invernal que padeció el país y en la cual el Gobierno no tuvo la culpa, pero sí en cuanto a la atención y manejo que no resultó lo suficientemente oportuna y eficaz.
A los estragos del invierno, tenemos que añadirle las escalofriantes irregularidades que se presentaron en el manejo del sistema de la salud, problemas que obviamente no se contemplaron en la reforma del sistema de salud que aprobó el Congreso, ley que una vez reglamentada se ocupará de la unificación de los regímenes subsidiado y contributivo y de la actualización de los servicios y los medicamentos incluidos en el POS (plan obligatorio de salud).
Pero aun así, lo que está claro es que sin una reducción de los costos, sin establecer previamente los precios de los servicios y los medicamentos para pagar los recobros que atiende el Fosyga, sin agilizar los pagos a los hospitales y sin establecer un eficiente manejo y control de esos billones de pesos, el sistema de salud no es viable.
El optimismo con el que se pretende mostrar el manejo que el Gobierno le ha dado a los problemas más serios y prioritarios del país está fuera de contexto, porque los hechos y el sentir de las gentes indican lo contrario, con el agravante adicional que ahora le toca al Gobierno cargar en el hombro y sostener con una mano el cántaro de la ola invernal y con la otra mano empujar la pesada camilla de la salud.