Mucha doble moral acompañó los debates por quitarle el rango constitucional al manejo de la televisión y proceder a desmontar el organismo rector de este servicio público. Ahora se corre el peligro de que la entidad sea sepultada sin que se haya dicho cuáles fueron los errores que produjeron su fallecimiento. Por Germán Yances, especialista de televisión.

La muerte definitiva de la Comisión Nacional de Televisión –CNTV– se produjo en medio de un regocijo casi nacional, que enrostró el envilecimiento de esa entidad por  años y en el que hubo de todo menos reflexión y análisis.

Un análisis serio del fracaso de la CNTV, que hoy obliga irremediablemente a su eliminación, sólo es posible si se separa la entidad, tal y como la concibió la Constitución Política, y sus juntas directivas y el manejo que por una década larga hicieron de ella los poderes ejecutivo y legislativo.

Independencia, un juego que se perdió

Uno de los mandatos más renovadores y a la vez inquietantes de la Constitución de 1991 fue la privatización de la TV, consagrada como “(…) la libertad de fundar medios masivos de comunicación” (art. 20). Para tratar de amortiguar el impacto predecible que sobre el servicio y el negocio tendrían unos canales privados que serían entregados a los grandes grupos económicos del país, la Constitución previó la creación de un organismo que interviniera, en nombre del Estado y con amplia autonomía, en el espectro utilizado para televisión, a fin de garantizar la igualdad de todos los colombianos en el acceso a su uso (art. 75) y arbitrar el gran poder de esos grupos en la TV.

Esa era también, a su vez, una manera expedita de sacar del operador público, Inravisión, la regulación y control de la TV, ya que hasta entonces los comités de vigilancia, el Ministerio de Comunicaciones y la junta directiva de Inravisión eran harina del mismo costal. Esto quiere decir que por años la Presidencia de la República repartió entre los partidos políticos y sus distintas facciones, con una milimetría propia del Frente Nacional, y entre sus promotores y amigos, el negocio de la televisión y el acceso a la prestación del servicio; o sea, la posibilidad de influir de manera determinante en la construcción de la opinión pública.

Ese era el panorama en que la CNTV debía poner a jugar la independencia que emanaba de su autonomía constitucional. Pero esto nunca se dio, porque los poderes ejecutivo y legislativo no estaban dispuestos a renunciar al poder que en el pasado les había otorgado el manejo del medio de comunicación de mayor penetración.

Semejante autonomía exigía que la CNTV fuera un ente especializado, dirigido por una junta de expertos. Por razones políticas, tampoco esto fue posible nunca y por el contrario muchos impostores se sentaron en la junta directiva a decidir el futuro del país en la TV.

A la CNTV hay que ir “marchitándola”, sentenció una década atrás un parlamentario liberal, tan pronto fueron adjudicados los canales privados. Y un excomisionado advirtió entonces que ese organismo había sido creado para adjudicarles a RCN y Caracol sus canales y que ya había cumplido su tarea.

Decisiones mortales

La CNTV estaba desahuciada desde su nacimiento. El primer parte lo dio la propia Constitución, cuando decidió que dos de los cinco miembros de la junta directiva fueran nombrados por el presidente de la República, y un tercero por los gerentes de los canales regionales. ¿Qué gobernador o gerente resiste una llamada del presidente de la República para pedirle el voto?

No obstante que la responsabilidad de ser un organismo especializado y autónomo exigía una junta directiva cualificada, el Congreso de la República le propinó a la naciente CNTV una estocada de la que era imposible recuperarse, y estableció requisitos cercanos a cero para ser comisionado de televisión. El resultado fueron juntas directivas completamente erráticas, cuyas decisiones afectaban en materia grave un negocio que es muy sensible y poderoso.

De nuevo, el Congreso de la República debilitó la frágil independencia de la CNTV al modificar de manera sustancial las características y los períodos de los comisionados. Mediante la Ley 335 de 1996, los períodos les fueron reducidos de cuatro años, no reelegibles y cruzados con los períodos presidenciales, a dos años reelegibles, coincidentes con el del gobierno nacional. Esta decisión trajo consigo una tremenda politización de la entidad, y desde entonces los congresistas de las comisiones sextas, que ejercían legalmente el control político sobre la CNTV, tenían sus cuotas burocráticas en la nómina de la entidad que vigilaban.

Y el Congreso completó su tarea al poner en manos del gobierno, en 1996, la posibilidad de manipular, vía reglamentación, la elección de los comisionados que representaban los gremios de trabajadores de la televisión, la academia, asociaciones de padres de familia y ligas de televidentes. Desde entonces, cada elección estuvo reglamentada al acomodo de las candidaturas que el propio gobierno promovía. De esa manera, la Presidencia de la República y el Ministerio de Comunicaciones tomaron control total de la junta directiva.

La farsa de los electorados de papel

El peor enemigo de la CNTV fue siempre el Ministerio de Comunicaciones, que en 1999 bendijo la fabricación artificial de universos electorales completos, docenas de supuestas asociaciones de profesionales que no representaban nada, creadas simplemente en el papel para cumplir una función electoral. Pues bien, el Ministerio de Comunicaciones, a sabiendas de esas irregularidades, las legitimó y permitió su participación.

Esa falsificación masiva de la participación ciudadana, tolerada entonces por el gobierno, en cabeza del Ministerio de Comunicaciones, fue la puerta por la que entraron luego grupos mafiosos que se tomaron por asalto la CNTV.

Ahora, cuando el fracaso de la CNTV es más que evidente, quienes pervirtieron la entidad se dan golpes de pecho escandalizados y se lavan las manos; ellos, que fueron construyendo con todo esmero el escenario en el que debía fracasar la CNTV, se declaran ahora sorprendidos con lo que pasó.

Que no se diga ahora que el fracaso de la CNTV es el fracaso de la participación ciudadana y de la democracia; es un fracaso de los gobiernos y del Congreso de la República.