La gran lluvia de propuestas que se le han presentado al país conforman un amplio menú que el Congreso tiene entre sus manos, pero todavía no conocemos cuáles van a ser los platos seleccionados y sus ingredientes. Por Guillermo Núñez Vergara, ex presidente de la Asociación Bancaria.
La bandera del empleo. Crear 2.500.000 empleos formales en cuatro años. La abundante cosecha de proyectos de ley de origen gubernamental ya habían superado la cifra de 40 al finalizar el mes de septiembre. Aquí nos ocuparemos de analizar el proyecto sobre la “formalización de empresas y primer empleo” que aparece como una herramienta importante, aunque no la única, para dar respuesta a la mayor preocupación que el Presidente Santos expresó durante la campaña, colocando el empleo en el primer lugar de sus prioridades. Todavía recordamos su insistente frase de “trabajo, trabajo, trabajo” y su compromiso de crear 2.500.000 empleos formales durante los próximos cuatro años y en disminuir 500.000 puestos de trabajo en el sector informal.
Al escoger Santos el problema del desempleo como la principal bandera de lucha y programa de gobierno, daba respuesta a la mayor preocupación de los colombianos, tal como lo registraban todas las encuestas. Además, nos ocuparemos del tema del empleo, porque la tasa de cambio juega un papel fundamental y su evolución está en manos del Banco de la República y el Gobierno.
Los otros proyectos de ley de importancia, en el campo económico y social, el de regalías, la regla fiscal, el sistema de salud, la ley de tierras y reparación de víctimas, todos ellos de la mayor importancia y trascendencia, no serán objeto de comentario en este artículo por falta de espacio y además porque en el Congreso terminan sufriendo una profunda metamorfosis.
La ley de formalización y primer empleo. Con este proyecto, el Gobierno pretende regularizar la gran cantidad de micro y pequeñas empresas que hoy se encuentran en la informalidad, porque no cumplen con los requisitos legales establecidos para la creación y funcionamiento de las empresas ni con el cumplimiento de las obligaciones para con sus empleados. El proyecto les ofrece a estas pequeñas empresas, que se formalicen a partir de la vigencia de la ley, una serie de estímulos y beneficios para que en los dos primeros años de funcionamiento no paguen impuesto de renta ni gravámenes parafiscales y a partir de ese momento comiencen progresivamente a atender esas cargas y algunas otras como la expedición y renovación del registro mercantil.
La iniciativa busca también motivar a los empleadores para que incrementen la nómina vinculando trabajadores menores de 25 años y ofrece un descuento en el impuesto de renta, equivalente al valor de los aportes parafiscales y la cuota con destino al Fosyga por estos nuevos trabajadores.
Los analistas y expertos en estos temas, coinciden en que la iniciativa del Gobierno apenas produciría unos efectos marginales, comenzando porque sería solamente aplicable a las micro y pequeñas empresas que se formalicen a partir de la promulgación de la ley y no para las que los hubieran hecho antes, pero fundamentalmente es poco efectiva porque el meollo central del problema es conseguirles a los desempleados un empleo formal. También abrir la posibilidad para una buena parte de la población económicamente activa que hoy se encuentra en el subempleo y la informalidad. Además, como lo han comentado algunos empresarios, las unidades productivas que se pretenden formalizar actualmente no pagan ningún tributo y con la ley solo quedarían exoneradas por un tiempo.
La triste e inocultable realidad es que Colombia ocupa el primer puesto en la tasa de desempleo entre los países medianos y grandes de la región latinoamericana, con el agravante de tener más de la mitad de la población trabajadora, cerca de un 60% en empleos informales, entre los cuales conforma un volumen muy grande los que se encuentran en el llamado “rebusque”, concentrados en los semáforos y en los andenes de las principales calles de los centros urbanos, andenes y semáforos que son los mayores empleadores del país. Estos trabajadores informales sobreviven con unos ingresos inferiores al salario mínimo, el cual tiene que complementarlo el Gobierno con subsidios de diferente índole. Otra parte de los informales se derivan de la subcontratación, utilizada con frecuencia por empresas grandes y medianas.
La principal causa de esta crítica situación se deriva de la diabólica combinación de una mano de obra costosa y las cuantiosas deducciones y beneficios tributarios por el uso del capital, es decir, lo que tenemos actualmente desalienta la contratación de trabajadores e incentiva la inversión en maquinaria, equipo y en general activos fijos.
Actualmente, las prestaciones sociales, los gravámenes parafiscales y otros recargos representan alrededor del 60% del salario base de un trabajador. Es indispensable entonces comenzar a reducir los costos de la mano de obra y sería de muchísimo más impacto que lo propuesto en el proyecto de ley, descontar del impuesto a la renta los gravámenes parafiscales pagados por las actuales y futuras empresas grandes, medianas o pequeñas, sobre la nómina de los trabajadores que devengan un salario mínimo y todos aquellos que con ese salario se enganchen en un futuro.
Sobre la supresión de beneficios tributarios, el Gobierno presentó en el mes de octubre el proyecto de ley “de normas tributarias de control y para la competitividad de las empresas” y allí se elimina la deducción del 30% en el impuesto de renta por concepto de la inversión en activos fijos. No está por demás recordar que inicialmente el Gobierno pensaba desmontar este beneficio de manera paulatina y así lo señaló en el proyecto de ley de “formalización de empresas”. Aquí salta a la vista la falta de una suficiente consistencia y coherencia en el plan económico del Gobierno y más bien queda un sabor de improvisación.
La tasa de cambio. El otro aspecto que juega un papel fundamental en el nivel del empleo es el manejo de la tasa de cambio.
Hasta el pasado mes de septiembre el país presenció estupefacto cómo el peso colombiano era la moneda que se había revaluado más en el mundo. A mediados de ese mes, el Banco de la República resolvió medio frotarse los ojos y nuevamente entró a comprar dólares en el mercado y a finales del mes de octubre, Gobierno y Banco se frotaron un poco más los ojos y entonces resolvieron extender la compra de US$20 millones diarios hasta marzo del año entrante, suspender beneficios tributarios por concepto del pago de intereses de algunos créditos contratados en el exterior; no monetizar en este año US$1.500 millones del Gobierno y para el año 2011 equilibrar las fuentes y usos de la financiación en dólares, es decir, que el flujo neto de endeudamiento externo del Gobierno sea de cero. Todavía no sabemos de qué manera se va a manejar esta decisión y qué va a pasar con los dólares cuyo ingreso simplemente se pospuso para el año entrante. También se produjo un recorte en los aranceles para las importaciones de bienes de capital y para algunos insumos y materias primas, con el fin de incrementar la demanda de dólares y simultáneamente reducir los costos de producción.
Seguramente el Gobierno y el Banco de la República piensan que con estas medidas se podrá manejar una tasa de cambio entre $1.800 y $1.900 por dólar, la cual según declaraciones del Ministro de Hacienda sería una tasa de equilibrio.
Esta es una apreciación equivocada y la realidad así lo demuestra. El ex ministro de Hacienda, Roberto Junguito, en un artículo que publicó el pasado mes de octubre, recordaba que la Revista The Economist publica periódicamente el índice de la hamburguesa Big Mac, como indicador del equilibrio cambiario y en la última medición, el precio de esa hamburguesa era en Estados Unidos de US$3,71 y en Colombia de $ 8.200. Para que costaran lo mismo, el dólar debería estar en Colombia a $ 2.210, lo que implica que con el valor actual de la hamburguesa, el peso colombiano está revaluado entre un 15% y un 20%. Recordemos que la tasa de cambio de $ 2.210 es muy similar a la que tuvo Colombia en el año 2001.
Además de tener un peso revaluado se viene ahora una mayor devaluación del dólar con la decisión de la FED de inyectar US$600.000 millones en compra de bonos del tesoro, lo cual le creará un serio problema adicional a países emergentes como Colombia que son atractivos para traer recursos del exterior con destino a inversiones de portafolio y de corto plazo. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta, como lo señalan los cálculos efectuados por el Banco de la República, que las exportaciones de hidrocarburos y carbón podrían ascender a unos US$30.000 millones anuales en los próximos diez años.
Frente a este panorama, las recientes medidas seguramente serán insuficientes para mantener una tasa de cambio alrededor de $1.900 por dólar y olvidémonos que se va a permitir una tasa de cambio competitiva, la cual estaría alrededor de $2.250 por dólar. Qué bueno sería que las autoridades económicas “se dieran un paseíto” por China y por los demás países del sureste asiático para que vieran el celo y la obsesión que tienen esos gobiernos para mantener un tipo de cambio competitivo.
Sin caer en la equivocación de pensar que con el solo manejo cambiario arreglamos las dificultades de una gran parte del sector productivo y del mercado laboral, lo que sí es evidente es que se hace necesario no solo frenar la revaluación, sino encaminarnos a lograr un tipo de cambio competitivo. Con la situación actual no solo están golpeadas las empresas dedicadas a la exportación (que no hacen parte de la minería y del sector energético), sino en general las empresas que hacen parte del sector transable de la economía.
Con las medidas que el Gobierno y el Banco de la República han puesto sobre la mesa en estos primeros 100 días de la era Santos, no es posible pensar en la creación de los 2.500.000 puestos de trabajo en el sector formal y ya la gente se ha dado cuenta de esta realidad, tal como se registra en la encuesta realizada por la firma Ipsos-Napoleón Franco que publicó Semana en su revista del pasado 15 de noviembre. En esa encuesta, los resultados son favorables para el presidente Santos en todos los temas, menos en el del empleo, cuyo manejo ya desaprueba el 56% de los encuestados.
En este tema del empleo, que constituye el principal objetivo de la política económica, el horizonte ya no se encuentra tan despejado como lo vieron los colombianos durante las primeras semanas de la actual administración.
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