Recuperamos nuestro país, por eso, al elegir con nueve millones de votos a Juan Manuel Santos, los colombianos le manifestamos nuestra gratitud y respaldo a Álvaro Uribe quien hizo posible este hecho; pero al mismo tiempo, comprometimos al actual presidente en continuar consolidando la política de seguridad democrática y en ocuparse con prioridad de resolver el problema social más agudo del país, el desempleo y la informalidad. Por Guillermo Núñez Vergara, ex presidente de la Asociación Bancaria.

Las elecciones del pasado 20 de junio, para elegir al sucesor del presidente Uribe, constituyeron un gran certamen democrático, donde los electores tuvieron un comportamiento altamente civilizado y los resultados no arrojaron duda alguna.

EL VOTO DE GRATITUD

El triunfo de Juan Manuel Santos con nueve millones de votos significa en primer lugar un voto de simpatía y respaldo a Álvaro Uribe por la gestión cumplida. Después de ocho años en la Presidencia, termina con una aceptación de los colombianos superior a 70%.

Durante la campaña, Santos se comprometió de manera tajante y clara a continuar sin titubeos la política de seguridad democrática, columna vertebral del gobierno de Uribe. Gracias a ella y a la indomable voluntad y coraje de este ilustre mandatario, fue posible volver a tener un país viable. Los terroristas recibieron contundentes golpes y se rescataron las dos terceras partes del territorio nacional que estaban en manos de los guerrilleros, los paramilitares y otras fuerzas irregulares cuando Uribe tomó posesión de la Presidencia. Con Uribe volvimos a tener país y por eso los colombianos lo recordarán de manera imborrable y con imperecedera gratitud.

Álvaro Uribe demostró ser un indiscutible líder, un hábil político, un trabajador infatigable y una persona con una asombrosa compenetración con su pueblo y su gente, movido siempre por un acendrado amor por la patria. En el futuro tendrá una enorme influencia en los destinos del país.

EL VOTO SOCIAL

Los colombianos vieron en el doctor Santos un candidato que no dejaría resquebrajar la política de seguridad democrática y que continuaría consolidándola. Es decir, dieron por sentado que esta política no sufriría trastornos y que no habría transacciones con la narcoguerrilla y los violentos mientras estos no estén dispuestos a deponer las armas y abandonar el propósito de tomarse el poder por la fuerza. Por eso, el postulado de la seguridad democrática ya no constituyó la mayor motivación del pueblo colombiano para depositar su voto, como sí lo fue en los años 2002 y 2006.

Tal como lo registraron las encuestas previas a las elecciones, los colombianos consideraron que había llegado el momento de atender con carácter prioritario el problema social más agudo que enfrenta Colombia: el desempleo y la informalidad.

Juan Manuel Santos, en su programa de gobierno, se comprometió con carácter prioritario a crear dos millones y medio de empleos nuevos en los próximos cuatro años y llevar al empleo formal quinientos mil trabajadores que se encuentran en la informalidad.

Para entender mejor la problemática del mercado del trabajo en el país, es indispensable tener presentes las siguientes realidades:

*1. Colombia ostenta los índices más altos de desempleo e informalidad de la región.

*2. La tasa de desempleo no ha bajado de dos dígitos a lo largo de esta primera década del siglo XXI, a pesar de que entre los años 2003 y 2007 el país tuvo un alto crecimiento económico.

*3. En las condiciones de Colombia y en general en todos los países donde las desigualdades sociales son marcadas, el solo crecimiento económico no es suficiente para reducir el desempleo y la informalidad a tasas manejables o aceptables dentro de los parámetros económicos y sociales.

*4. El desempleo en Colombia es de tipo estructural, originado en una distorsión del costo relativo de los factores, en donde el uso del capital resulta más favorable por los incentivos tributarios de que goza y en cambio la mano de obra resulta más costosa por los gravámenes que pesan sobre ella y que se le han colgado a lo largo de los años (la seguridad social, las cesantías y sus intereses; las contribuciones parafiscales con destino al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a las Cajas de Compensación Familiar; las dotaciones) y que representan el 60% del salario de un trabajador. Y como si esto fuera poco, el salario mínimo está bastante por encima del salario medio del país, porque los trabajadores que se encuentran en el sector informal de la economía y que son el 60% del total de la fuerza laboral ocupada, perciben ingresos bastante inferiores al salario mínimo.

El programa de empleo de Santos se sustenta sobre la base de que hay unos sectores que están en condiciones de crecer al 10% o más anual, como son la agricultura, la vivienda, la infraestructura, la innovación y la minería, sectores que los han llamado locomotoras, porque esperan que jalonen al resto de los sectores económicos, logrando así una gran generación de empleo.

Ojalá que al menos buena parte de estos propósitos se puedan cumplir, pero lo que sí es evidente es que no son suficientes para atacar de manera pronta el clamor que expresaron los colombianos en las urnas.

Al país le llegó la impostergable hora de encarar el problema del desempleo y la informalidad de manera inmediata y para ello será necesario adoptar un plan de choque o de emergencia que permita ver prontos resultados.

Desconozco qué piense o qué tenga preparado el equipo económico de Santos sobre un plan de emergencia, pero hasta finalizar el mes de junio, la propuesta mejor fundamentada y menos utópica para incentivar el empleo formal está contenida en el documento que elaboraron los ex ministros de Hacienda de Argentina y Colombia, doctores Domingo Cavallo y Rodrigo Botero, y que el país conoció a comienzos del presente año.

La propuesta pretende, en último término, desmontar los actuales incentivos y beneficios tributarios que abaratan el uso del capital y trasladar el valor de esos beneficios para permitirles a las empresas deducir del impuesto de renta la suma pagada por los aportes parafiscales. Anotan además que de los actuales beneficios tributarios se benefician básicamente las grandes empresas y las multinacionales, pero muy poco o nada las pequeñas y medianas empresas que son las mayores generadoras de empleo. En resumen, se propone transformar los actuales incentivos al uso del capital por incentivos directos a la creación de empleo formal, plan que además sería transitorio, por unos cinco años.

Un plan de choque como este tendría que estar dirigido especialmente a darles oportunidades de empleo a los jóvenes colombianos, en donde la situación es más crítica y severa. De manera simultánea habría que adelantar programas específicos para los trabajadores informales que les permitiera capacitarse para un empleo más productivo.

EL VOTO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL CLIENTELISMO

Aunque la diferencia de votos entre los candidatos Santos y Mockus fue cerca de dos y media veces más a favor de Santos, el candidato del Partido Verde alcanzó una votación de tres y medio millones de sufragios, cifra muy importante y cuyo significado es claro y contundente: rechazar el clientelismo y la corrupción que se ha extendido como una mancha de petróleo a lo largo y ancho del país.

Los votos a favor de Mockus son una toma de conciencia sobre la necesidad y la urgencia de luchar contra ese cáncer de la corrupción, incrustado con virulencia en las costumbres y organizaciones políticas, en los cuerpos colegiados de elección popular, en las administraciones públicas y no pocas veces representantes del sector privado en contubernio con los del sector público.

Ojalá que este movimiento liderado por Mockus y su equipo de trabajo pueda mantenerse cohesionado para continuar agitando las banderas de la transparencia y el respeto a la ley y a las instituciones, planteamientos que deben volverse cada vez más prioritarios en las futuras campañas políticas.

BUEN VIENTO Y BUENA MAR

Serios y urgentes retos tendrá que atender el nuevo Gobierno a partir del 7 de agosto y sobre los cuales el país está expectante. No quepa duda que el principal desafío de la política económica y social será la lucha contra el desempleo y la informalidad, problemática que Santos se comprometió a atender de manera prioritaria y con la frase de “trabajo, trabajo, trabajo”.

Además, los inaceptables índices de desempleo e informalidad han tenido una gravísima repercusión en los sistemas pensionales y de salud. Para el primero solamente cotiza el 29% de la población económicamente activa, entre 15 y 64 años y en el sistema de salud, donde el Gobierno de Uribe logró casi tener una cobertura universal, la mayoría de los asegurados, más del 60%, pertenecen al régimen subsidiado, de tal manera que no es posible que los trabajadores que hacen parte del régimen contributivo financien en su totalidad a los primeros. Además, representará un alto costo homologar el POS del régimen contributivo y subsidiado, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. A esto hay que añadirle el costo de pagar los servicios de salud que están por fuera del POS y que se han vuelto una vena rota que no será posible suturar del todo con los nuevos ingresos provenientes de la reciente iniciativa tributaria. En síntesis, el sistema de salud no es viable financieramente y tiene graves problemas en su organización y manejo. Este frente también deberá ser atendido por el Gobierno de Santos dentro de sus primeras tareas.

Deseamos vivamente que el antiguo Cadete de la Marina y ahora Presidente de Colombia conduzca con acierto la nave que el pueblo colombiano puso en sus manos y la lleve victoriosa a puerto seguro al final de la travesía.