La iniciativa busca actualizar las normas que regulan relaciones entre productores y consumidores.

Comprar por Internet ya no será tan riesgoso, al adquirir un producto, un colombiano tendrá mínimo un año de garantía y el consumidor estará más protegido ante los agiotistas, esas son algunas de las ventajas que quedaron consignadas en los 86 artículos que tiene el Estatuto del Consumidor, aprobado ayer en plenaria de Senado.

Según el senador Antonio Guerra, ponente del proyecto, “con esta ley Colombia queda al nivel de los estándares internacionales en materia de protección al consumidor”.

El parlamentario destacó la medida a través de la cual se protegen las ventas por Internet, “El vendedor será obligado a devolver el dinero si el producto no satisface al comprador”.

En el nuevo estatuto, que sólo queda pendiente de conciliación y sanción presidencial, se incluyó una regulación en materia de publicidad, de manera que, previa denuncia del ciudadano que se sienta engañado, se puedan imponer multas cuando la información publicitaria que le entregaron al consumidor resulte falsa.

La ley contempla también la creación de una red nacional de protección al consumidor, lo mismo que una instancia para que los usuarios puedan presentar quejas en los lugares donde no exista la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que ahora tendrá facultades jurisdiccionales y sancionatorias, al igual que la Superintendencia financiera, cuando se trate de servicios que presta la banca.

Simón Gaviria, presidente de la Cámara y autor del Estatuto, destacó la creación de garantías mínimas, de por lo menos un año, para todo producto y servicio que adquiera el consumidor.

Gaviria explicó que la norma se logra después de tres años de debate en el Congreso y 19 intentos por reformar una ley que ya tenía 30 años de antiguedad.

Otro de los puntos destacados del nuevo estatuto es la responsabilidad solidaria que habrá entre productores y expendedores frente a los consumidores por la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que se ponen en circulación en el territorio nacional.

El incumplimiento del Estatuto acarreará sanciones hasta por 2.000 salarios mínimos para las empresas.